Aprobado el nuevo Real Decreto de Cualificaciones Profesionales


El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual se adapta al ordenamiento interno una Directiva comunitaria del 20 de noviembre de 2013, por la que se facilita la posibilidad de moverse, establecerse o ir temporalmente a ejercer una profesión a determinados países europeos.

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El pasado viernes fue aprobado el REAL DECRETO por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

Tarjeta Profesional Europea

La Tarjeta Profesional Europea (TPE) es una alternativa a los tradicionales procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales, ya sean los de reconocimiento automático derivado de la armonización (antiguas Directivas sectoriales que afectan, fundamentalmente, al ámbito de la salud), ya sean los basados en la comparación de las formaciones a través del denominado “sistema general de reconocimiento”.

Se trata de una nueva herramienta creada por la Comisión Europea para facilitar la eliminación de barreras y, en definitiva, propiciar una simplificación de los mecanismos de reconocimiento de cualificaciones profesionales para favorecer la movilidad de asalariados y profesionales.

Reconocimiento automático

En términos generales, la autoridad correspondiente del Estado miembro de origen completará la primera fase del procedimiento consistente en registrar la solicitud y cargar toda la información del profesional solicitante de la TPE. La segunda fase corresponde a la autoridad del Estado miembro de acogida que, a partir de lo anterior y una vez verificados todos los datos, expedirá dicha Tarjeta.

Centro de Asistencia

Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el ciudadano que desea trabajar en otro Estado miembro es la complejidad e incertidumbre de los trámites administrativos que ha de cumplir. Por ello, se crea el Centro de Asistencia, cuyo cometido principal es proporcionar asesoramiento y asistencia a los ciudadanos, así como a los centros de asistencia de los demás Estados miembros, con el objetivo de garantizar que la aplicación cotidiana de las normas del mercado interior en los casos particulares complejos sea objeto de un seguimiento a escala nacional.

Mecanismo de alerta

Se establece un mecanismo de alerta mediante el que se recoge la obligación de alertar, por propia iniciativa, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros sobre los profesionales que ya no están autorizados a ejercer su profesión. A través de este mecanismo, debe alertarse a los Estados miembros cuando, debido a una medida disciplinaria o una condena penal, un profesional ya no esté autorizado a ejercer, incluso con carácter temporal, sus actividades profesionales en un Estado miembro.

Comisión Interministerial

Se prevé la creación de una Comisión Interministerial a la que se le encargue, formalmente, la revisión de la lista de profesiones reguladas, que iniciará el proceso de revisión de los Anexos que las mencionan en el Real Decreto, y cuyo resultado final será comunicado a la Comisión Europea en el marco del ejercicio de transparencia y coordinación que prevé la citada Directiva comunitaria de 2013.

Dicha Comisión Interministerial estará integrada por los subsecretarios de todos los Ministerios, así como por un representante de la Oficina Económica del Presidente con rango, al menos, de Director General, y será copresidida por los secretarios de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y de Economía y Apoyo a la Empresa.

Partiendo del marco de las disposiciones nacionales y de Derecho europeo aplicables, la Comisión hará una propuesta de revisión de la lista de profesiones reguladas, informará a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y, finalmente, los anexos serán actualizados por Orden de la persona titular del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a propuesta conjunta del ministro o ministros competentes por razón de la materia y del Ministro de Economía, Industria y Competitividad. Esa actualización de anexos tendrá lugar, en todo caso, en el plazo de un año desde la constitución de la Comisión y, posteriormente, cuando resulte necesario.

Valoración del CPITIA

“El Gobierno ha desoído una vez más las alegaciones presentadas al proyecto normativo a fin de que se incluyera la profesión de ingeniero técnico en informática en el Anexo VIII de profesiones reguladas del RD de cualificaciones profesionales. En su lugar se nos remite a una Comisión Interministerial y al visto bueno por parte de la Comisión Europea, proceso que puede llevar años, y de muy dudoso resultado.” – comenta Pedro De La Torre, Decano del CPITIA.

“Desde el CPITIA no nos fiamos del Gobierno, más si tenemos en cuenta la postura respecto de la profesión trasladada a la Comisión Europea y expuesta durante la comparecencia en el Parlamento Europeo en el marco de las denuncias practicadas por CPITIA. Si el Gobierno tuviera disposición a que se nos incluya en el proceso de revisión así lo habría anunciado a las autoridades europeas a fin de archivar las actuaciones” – concluye De La Torre.

“Desde CPITIA continuaremos adelante con las denuncias practicadas, animando a que todos los profesionales se sumen tanto a las quejas ante el Defensor del Pueblo como a la queja ante el Parlamento Europeo. 9 años de falsas promesas son ya demasiados y no cejaremos en nuestras actuaciones hasta ver reflejado en el BOE que la ingeniería técnica en informática es una profesión regulada” – concluye De La Torre.

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