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El Gobierno suprimirá el CATSI para impedir la entrada de los informáticos

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Nueva Ley General de Telecomunicaciones para impedir la entrada de los informáticos en el CATSI

EL GOBIERNO SE NIEGA A QUE LOS INFORMÁTICOS ESTÉN REPRESENTADOS EN EL CATSI Y LO REDEFINIRÁ

El 3 de Junio de 2020, a través del Defensor del Pueblo, el Gobierno ha hecho llegar su postura respecto de la representación de los ingenieros técnicos en informática en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI), negando que exista obligación legal alguna para que estén representados en dicho consejo asesor.

LA POSTURA DEL GOBIERNO SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS INFORMÁTICOS

«La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales señala que, el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) es el órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información y está regulado en la disposición adicional quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. Con fecha 26 de noviembre de 2018, se aceptó la Recomendación formulada por la institución del Defensor del Pueblo para que se procediera al desarrollo reglamentario de la Disposición adicional quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, en aras de articular la presencia tanto de los colegios Profesionales de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática, como de otros colegios de ingeniería que se consideren más representativos.

La Disposición adicional quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, no garantiza la presencia de los Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática en el CATSI. La ley establece claramente un nuevo escenario de participación en el CATSI, que se aparta del que establecía la normativa anterior, pues establece que la composición del CATSI contemplará la presencia, junto a representantes del mundo de la empresa y de las administraciones públicas, de los colegios oficiales de ingeniería más representativos del sector. Por tanto, esta
regulación supuso una modificación legal de calado en cuanto a la composición debida del CATSI, que ya no incluye de modo específico ni a los colegios de ingenieros de telecomunicaciones (lo que sí se garantizaba en el año 2002 con el Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) ni tampoco incluye a los Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática (como sí se hizo en el año 2009 con la Disposición final primera de la Ley 21/2009 de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería
Técnica en Informática). Por tanto, la regulación legal actual del CATSI no incluye a ningún colegio oficial de ingeniería en concreto como representante de los intereses colectivos de un conjunto o del todo de los ingenieros en España. De esta manera, la nueva regulación del CATSI, operada por la Disposición adicional quinta de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, cambia el escenario de representación en el CATSI al introducir, para todo el conjunto de los colegios oficiales de ingeniería, una categoría de representación abierta. Esta nueva regulación continúa reservando un canal de representación a los colegios profesionales de ingeniería, pues
se les reconoce como portadores de un importante caudal de riqueza y de contribución de valor al CATSI en su función de órgano deliberativo, pero ya no hay un tipo de ingeniería cuya presencia dimane de un mandato legal. No existe una ingeniería que ostente un derecho «obligado» de presencia en el CATSI.

Sin embargo, con fecha 17 de diciembre de 2018, y por tanto con fecha posterior a la aceptación de la Recomendación, se publicó el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, aprobado por la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018. Esta nueva Directiva europea supone
un marco totalmente nuevo regulador de las comunicaciones electrónicas en el seno de la Unión Europea.

Conforme al artículo 124 de dicha Directiva, los Estados miembros disponen hasta el día 21 de diciembre de 2020 para adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

La trasposición al ordenamiento jurídico interno del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas se va a efectuar mediante la elaboración y aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, llamada a sustituir y derogar a la vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. La tramitación de esta iniciativa legislativa ya ha comenzado mediante la realización de la oportuna consulta pública regulada en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al objeto de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. Es en el seno de la tramitación de esta nueva Ley General de Telecomunicaciones en donde se está llevando a cabo una profunda reflexión y análisis de cuáles han de ser las funciones, la configuración y la propia composición del CATSI, atendiendo a las nuevas realidades tecnológicas, regulatorias y de mercado de los sectores de telecomunicaciones, digitales y de servicios audiovisuales y a la propia organización de la Administración, que también ha ido evolucionando y transformándose al albur de los pasos y las nuevas realidades que se producen en estos sectores.»

CONTESTACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

En 2019 el Gobierno aceptó incluirnos por Ley en el CATSI

En mayo de 2017 el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ( CPITIA ) interpuso queja ante el Defensor del Pueblo en la que exigía que, de una vez por todas, se incluyera por ley a los ingenieros técnicos en informática en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ( CATSI ), dado que la Ley de Creación del Consejo Oficial de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática así lo estipulaba en 2009.

En indicaciones al Defensor del Pueblo, la Secretaría de Estado de Avance Digital se comprometió a iniciar de inmediato la modificación de la ley reguladora del CATSI para dar entrada, como miembros de pleno derecho, a los colegios de ingenieros en informática y a los colegios de ingenieros técnicos en informática.

CARTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

PROCESO JUDICIAL EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Cabe recordar que la reclamación para que los ingenieros técnicos en informática estén representados por Ley según mandato legal existente desde 2009 está actualmente en el Tribunal Supremo:

VALORACIÓN DEL CPITIA

«Tenemos muy claro que el Gobierno, aún cuando el Tribunal Supremo nos de la razón, suprimirá el CATSI con tal de impedir que los ingenieros técnicos en informática tengan represestación en los órganos de toma de decisión del sector TIC» – señala Pedro De La Torre, Decano del CPITIA.

«No es casual ni accidental que tras 40 años la ingeniería técnica en informática sea la única ingeniería no reconocida como profesión regulada y la única que no consta ni en el IAE, figurando «diplomado en informática». No es tampoco casual ni accidental que tras 11 años de una ley en vigor exigiendo que se modifique la ley reguladora del CATSI para incluir por ley representación de nuestra profesión» – comenta De La Torre.

«No hay Gobierno que no se llene la boca con la digitalización, lo digital, la economía del conocimiento y sobre atraer talento, mientras machacan sistemáticamente la profesión de ingeniero técnico en informática con el silencio, cómplice, de todos los partidos políticos y de todos los medios de comunicación, al objeto de que la sociedad española no sea consciente de lo que está pasando» – indica De La Torre.

«Todo esto nos da la razón en la decisión de abandonar toda negociación política y en el inicio de la guerra judicial con todas sus consecuencias. Será una guerra larga, que ganaremos. En cualquier caso, el daño a la sociedad española estará ya hecho, porque estas décadas de retraso son ya irrecuperables en la carrera digital mundial. Las carencias en digitalización de España no son casuales ni accidentales. – concluye De La Torre.

«Este asunto tiene visos de un clamoroso caso de corrupción, porque queda patente que no se está velando por interés general alguno, sino por intereses espúreos de ciertas empresas y colectivos profesionales que terminaremos destapando, para conocimiento de toda la sociedad española» – finaliza De La Torre