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CPITIA obliga al Gobierno a actualizar el listado de profesiones reguladas

CPITIA obliga al Gobierno a actualizar el listado de profesiones reguladas

El Gobierno inicia la actualización del listado de profesiones reguladas tras denuncia del CPITIA en Bruselas


El Gobierno inicia la actualización del listado de profesiones reguladas tras denuncia del CPITIA ante el Parlamento y la Comisión Europea, tarea bianual que lleva incumpliendo desde 2008:

“El pasado 15 de marzo se ha constituido la Comisión Interministerial de Profesiones Reguladas (CIPRE), mencionada en el artículo 81.3 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, con la copresidencia de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) y del Secretario General de Universidades (Ministerio de Universidades).
A partir de esta fecha, cada ministerio de tutela dispone de un plazo de 2 meses para analizar si sus profesiones deberían continuar figurando en el actual listado de profesiones reguladas.”

El proceso de revisión de las profesiones reguladas


Este proceso de revisión y actualización del listado de profesiones reguladas viene determinado por el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI):

Artículo 4. Definiciones.
A efectos de este real decreto se entenderá por:

  1. Profesión regulada:
    a) A los exclusivos efectos de la aplicación del sistema de reconocimiento de
    cualificaciones regulado en este real decreto, se entenderá por «profesión regulada» la
    actividad o conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso, ejercicio o modalidad
    de ejercicio se exija, de manera directa o indirecta, estar en posesión de determinadas
    cualificaciones profesionales, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o
    administrativas.

Artículo 81. Relación de profesiones reguladas en España.

  1. Cada una de las diferentes autoridades competentes españolas elaborará un
    informe respecto de las profesiones reguladas existentes en su respectivo ámbito de
    competencia, especificando la siguiente información para cada una de ellas:
    a) Las actividades profesionales que, en su caso, pudiera comprender cada
    profesión.
    b) La forma de acreditación de la cualificación profesional requerida y, en
    particular, la formación regulada y la formación de estructura particular a que se refiere
    el artículo 19.3 b).
    c) En su caso, el sometimiento de su ejercicio en España a la verificación previa en
    los casos de desplazamiento, de conformidad con el artículo 13.4, aportando la justificación
    de esta exigencia.
  2. El informe a que se refiere el apartado anterior contemplará específicamente la
    valoración de la compatibilidad de los requisitos que limitan el acceso a la profesión o su
    ejercicio a los titulares de un título de formación específica, con la libertad de
    establecimiento y prestación de servicios. A estos efectos, la valoración de compatibilidad
    considerará especialmente:
    1.º Que los requisitos no sean directa ni indirectamente discriminatorios por razón de
    nacionalidad o de lugar de residencia.
    2.º Que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general.
    3.º Que los requisitos sean adecuados para garantizar la consecución de los objetivos
    perseguidos y no exceder de lo necesario para alcanzar el objetivo.
  3. Los informes a que se refieren los apartados anteriores serán enviados al
    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, a su vez, los remitirá a la Comisión
    interministerial integrada por los subsecretarios de todos los ministerios, así como por un
    representante de la Oficina Económica del Presidente con rango, al menos, de director
    general, y que será copresidida por los secretarios de Estado de Educación, Formación
    Profesional y Universidades, y de Economía y Apoyo a la Empresa.
  4. Recibidos los informes a que hacen referencia los apartados anteriores, la
    Comisión interministerial, en el marco de las disposiciones nacionales y de Derecho
    europeo aplicables, elaborará la lista de profesiones reguladas.
  5. Cada dos años, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte remitirá a la
    Comisión Europea un informe de seguimiento actualizando esta información, haciendo
    referencia expresa tanto a los requisitos suprimidos o simplificados, como a los requisitos
    introducidos posteriormente, aportando la correspondiente justificación de estas
    decisiones. Este informe será realizado a partir de los elaborados por las autoridades
    competentes en sus respectivos ámbitos de competencia y sometido a la Comisión
    interministerial, previamente su remisión a la Comisión Europea.

Disposición derogatoria única.

  1. Queda derogado el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se
    incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del Parlamento
    Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE del
    Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones
    profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.
  2. No obstante lo anterior y hasta tanto concluyan los trabajos de revisión a que se
    refiere el artículo 81 del presente Real Decreto, mantendrán su vigencia, a los solos
    efectos de la aplicabilidad del sistema de reconocimiento contemplado en la presente
    norma, los anexos VIII y X del citado Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre

La Ingeniería Técnica en Informática es profesión regulada


La Ingeniería Técnica en Informática es profesión regulada, a tenor de la definición anterior, en virtud de la siguiente normativa:

  1. Constitución Española (Art. 18.4)
  2. Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de la atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos.
  3. Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química.
  4. Real Decreto 517/2015, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y de su Consejo General.

Por todo lo anterior, es palmario que existen disposiciones legales que exigen la posesión de titulación oficial universitaria que de acceso a la profesión de ingeniero técnico en informática, nada menos que desde 1986.

Gobierno sostiene que la Ingeniería Técnica en Informática no es profesión regulada


Sin embargo, el Gobierno sostiene que la ingeniería técnica en informática no es una profesión regulada, no siéndole de aplicación la Ley 12/1986 de atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos en base a lo siguiente:

  1. La Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de
    los Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Ley 12/1986), aborda la regulación de las
    atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos acorde con el art. 36
    de la Constitución Española, en el que se establece que el ejercicio de las profesiones
    tituladas se regulará mediante Ley.
    En el art. 1.1 de la Ley 12/1986 se dispone que:
    “1. Los Arquitectos e Ingenieros técnicos, una vez cumplidos los requisitos
    establecidos por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y
    atribuciones en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva
    especialidad técnica.
  2. A los efectos previstos en esta Ley se considera como especialidad cada una de
    las enumeradas en el Decreto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se regulan las
    denominaciones de los graduados en Escuelas Técnicas y las especialidades a
    cursar en las escuelas de Arquitectos e Ingeniería-Técnica.”
    Para la determinación de las especialidades técnicas a las que se aplica le Ley 12/1986
    se ha de acudir al mencionado Decreto 148/1969, que detalla en su art. 1º que las
    denominaciones de los técnicos de Grado Superior (que pueden ser complementadas
    con la palabra “Superior”) son:
  • Arquitecto
  • Ingeniero Aeronáutico
  • Ingeniero Agrónomo
  • Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
  • Ingeniero Industrial
  • Ingeniero de Minas
  • Ingeniero de Montes
  • Ingeniero Naval
  • Ingeniero de Telecomunicaciones
  • Ingeniero Electromecánico

Según lo dispuesto en el art. 2º del Decreto 148/1969, las denominaciones de los técnicos de Grado Medio serán las de “Arquitecto Técnico” e “Ingeniero Técnico” seguidas estas palabras de la correspondiente especialidad.

Batalla legal en ciernes


Visto lo que sostiene el Gobierno para no determinar la ingeniería técnica en informática como profesión regulada, que no es otra cosa que indicar que no se trata legalmente de una ingeniería técnica propiamente dicha, desde CPITIA sostenemos lo contrario en base al tercer párrafo de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de la atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos, leída en su integridad, y no descontextualizada como pretende el Gobierno:

Aceptando estos criterios y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución, la presente Ley aborda únicamente la regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos, es decir, de aquellos cuyas titulaciones se corresponden con la superación del primer ciclo de las enseñanzas técnicas universitarias, según las previsiones de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, sobre reforma universitaria. A tales efectos, se toma como referencia de sus respectivas especialidades, y no obstante su eventual y necesaria reforma o modificación en virtud de las cambiantes circunstancias y exigencias de orden tecnológico, académico y de demanda social, las que figuran enumeradas en el Decreto 148/1969, como determinantes de los diferentes sectores de actividad dentro de los que ejercerán dichos titulados de modo pleno y en toda su extensión las competencias profesionales que les son propias.

El Gobierno ha reconocido ya por escrito a CPITIA que las titulaciones que dan acceso a la profesión de ingeniero técnico en informática son todas enseñanzas técnicas universitarias de primer ciclo, por lo que entran en la definición legal de Ingeniero Técnico, y por tanto se debe aplicar la Ley de Atribuciones de los Ingenieros Técnicos a los Ingenieros Técnicos en Informática.

Así mismo, CPITIA sostiene que las ingenierías técnicas enumeradas en el Decreto de 1969, todas preconstitucionales, son las que existían en 1986, pero esa lista se amplió de facto con la aparición posterior de nuevas titulaciones oficiales de ingeniería y sus respectivas escuelas universitarias oficiales.

Por último, desde CPITIA sostenemos que dicha lista de ingenierías técnicas de 1969 es meramente orientativo al momento de aprobación del texto normativo en 1986 y que debe prevalecer la definición que hace el legislador de qué es un Ingeniero Técnico.

Visto que el Gobierno no se atiene a las razones esgrimidas, este asunto terminará ante los tribunales de Justicia, dado que no tienen intención alguna de someter a evaluación la pertinencia de incluir o no la ingeniería técnica en informática como profesión regulada de una vez por todas, siéndolo desde 1990.

Valoración del CPITIA


“Desde CPITIA valoramos muy positivamente que desde Bruselas se haya obligado a España de una vez por todas a asumir la revisión y actualización de la lista de profesiones reguladas, claramente desfasada por no haberla revisado desde 2008. De hecho estábamos a punto de interponer demanda judicial por este asunto, la cual ya no es necesaria” – Indica Pedro De La Torre, Decano del CPITIA.

“Resulta inconcebible que el Gobierno únicamente considere profesiones reguladas a las ingenierías técnicas anteriores a la Constitución Española, remitiéndose a una ley de 1969 absolutamente desfasada. No reconocer ninguna de las especialidades de ingeniería surgidas en los últimos 40 años supone un serio perjuicio para la competitividad del país en un momento crítico como es la actual crisis” – señala De La Torre

“No resulta coherente el discurso del Gobierno sobre digitalización y modernización cuando sólo se reconoce legalmente como ingenierías a aquellas que así estipuló el dictador Franco. Tenemos a un Gobierno que pretende ser moderno, firmemente anclado al s. XX, con lo que el desastre para España está asegurado” – sentencia De La Torre

“Por último hacerle saber al Gobierno que va a sentir nuestro aliento durante todo este proceso, el cual escrutaremos con lupa. No es de recibo la situación creada ni el sufrimiento y perjuicio creado innecesariamente a las decenas de miles de ingenieros técnicos en informática españoles” – concluye De La Torre