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Ministerio de Economía desconoce las profesiones que requieren colegiarse para ejercer

Ministerio de Economía desconoce las profesiones que requieren colegiarse para ejercer

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), que desconoce qué profesiones requieren colegiarse para ejercer en España, pese a ser el órgano competente.

Economía no sabe qué profesiones requieren colegiarse

El pasado mes de marzo el CPITIA requirió al Ministerio de Economía a través del Portal de Transparencia la siguiente información:

«La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en su disposición transitoria cuarta sobre vigencia de los requisitos de colegiación, estableció plazo de 12 meses para elaborar una ley nacional que determinara las profesiones con requisito de colegiación obligatoria. Así mismo, en tanto se aprobaba dicha ley, permanecerían en vigor los requisitos previos de colegiación obligatoria.

Dado que aún hoy la citada ley nacional sobre los requisitos de colegiación obligatoria no ha sido aprobada, se les solicita informen de la relación de profesiones con requisitos previos de colegiación obligatoria, así como si dichos requisitos son de aplicación en todo el territorio nacional o sólo en ciertas comunidades autónomas.

Se les solicita informen también si alguna de las profesiones con requisitos previos de colegiación obligatoria no figura en la lista de profesiones reguladas en España.”

Sorprendentemente, la Directora General de Política Económica, Dña. Elena Aparici Vázquez de Parga, responde lo siguiente:

«Para conocer de manera actualizada la relación de profesiones con requisitos previos de colegiación obligatoria habría que analizar la regulación de cada una de las profesiones, así como los estatutos de cada uno de los colegios profesionales. Actualmente, no hay un listado actualizado que comprenda esta información.»

Así pues, el propio Gobierno de España reconoce que ha elaborado un listado de profesiones reguladas sin conocer tan siquiera qué profesiones requieren por ley estar colegiado para realizar actos propios de dichas profesiones. Tal es el caso de la Ingeniería Técnica en Informática, no incluida en el listado pese a contar con la exigencia por Ley de estar colegiado para realizar actos propios de la profesión en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Galicia.

Desde el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía declaramos directamente responsable al Ministerio de Economía de los daños y perjuicios causados por la inseguridad jurídica que su patente desconocimiento están provocando.

Valoración del CPITIA

«Resulta inaudita la desenvoltura con la que el Ministerio de Economía reconoce desconocer completamente qué profesiones colegiadas existen en España y los requisitos para su ejercicio, siendo la autoridad competente» – denuncia Pedro De La Torre, Decano del CPITIA.

«Están generando con su incompetencia una inseguridad jurídica brutal, toda que pese a que existe requisito por ley de pertenecer a un colegio de ingeniería técnica en informática para ejercer la profesión, ésta no figura en la lista de profesiones reguladas publicada en el BOE de 2008. En vista de la situación de total desconocimiento tememos que incluso no se haya tenido ni en consideración en el actual proceso de revisión y actualización del citado listado que se está llevando actualmente a cabo» – indica De La Torre.

«Vamos a indicarle claramente al Gobierno, visto su completo desconocimiento, el marco regulatorio completo de la profesión y, que si nuestra profesión no figura en dicho listado tras el proceso de revisión, adoptaremos las medidas legales oportunas, tanto contra el Gobierno como contra las personas concretas responsables de semejante atropello, toda vez que estarían vulnerando el marco normativo completamente a sabiendas. Así mismo se emprenderán acciones por el terrible daño económico que la inseguridad jurídica genera tanto a los profesionales como a los colegios que los agrupan y representan» – concluye De La Torre.