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El Gobierno nunca envió la ley de Servicios y Colegios profesionales al Congreso

El Gobierno nunca envió la ley de Servicios y Colegios profesionales al Congreso

A resultas de investigación en curso, se ha destapado que el Gobierno nunca envió el Proyecto de Ley de servicios y colegios profesionales al Congreso de los Diputados que fuera aprobado en Consejo de Ministros de Agosto de 2013. Con ello el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ha destapado el incumplimiento flagrante de la Directiva Europea de Servicios Profesionales y el engaño del Gobierno de España a la Comisión Europea.

El Proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Como recordarán, el Proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pretendió ser una norma que adaptara la normativa reguladora de los colegios profesionales y el marco de prestación de los servicios liberales a las directivas europeas de servicios y de reconocimiento de cualificaciones. Sin embargo, aquel Proyecto de Ley se hizo completamente de espaldas a todas las profesiones liberales, en lo que realmente fue un ataque frontal a estas entidades de Derecho Público, eliminando incluso la obligación de colegiación para la práctica totalidad de profesiones, sin justificación alguna y con la única pretensión de llevar a la quiebra y al cierre a la mayoría de entidades colegiales.

Debido a ello cientos de miles de profesionales liberales tomaron las calles obligando al Gobierno de entonces, con mayoría absoluta del Partido Popular, a retirar la medida de forma inmediata, por suponer un auténtico atentado a las profesiones liberales y por utilizar como excusa que Europa ordenaba liberalizar el sector, lo que era una absoluta mentira.

¿A qué obligan las directivas europeas respecto de los servicios y colegios profesionales?

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, estableció en su disposición adicional cuarta:

«Disposición transitoria cuarta. Vigencia de las obligaciones de colegiación.

En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.

Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.

Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes.»

Así, la norma obligaba a España a revisar en 12 meses qué profesiones requerían colegiación obligatoria para su ejercicio en España, manteniendo aquellas con especial afectación para ciudadanía, empresas y/o Estado, en base a criterios detallados y determinados. En ningún caso establecía que se liberalizara el sector, lo que suponía un grave peligro para los derechos fundamentales de muchos ciudadanos.

Así, el Gobierno además incumplió con largueza el plazo de 12 meses, presentando el Proyecto de Ley 4 años después para, de paso, aprovechar para cambiar en profundidad la normativa que regula a los propios colegios profesionales, pese a que dicha normativa ya fue adaptada al espacio europeo de servicios a través de esta Ley 12/2009, conocida como Ómnibus.

CPITIA pregunta al Gobierno sobre el cumplimiento de la disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus

Tal y como ya se ha visto, hasta la entrada en vigor de la Ley nacional que debía indicar a escala nacional qué profesiones requerían de colegiación obligatoria para su ejercicio, se mantendrían las obligaciones de colegiación vigentes hasta esa fecha. Esta norma debía introducirse debido a la fragmentación territorial, dado que para una misma profesión, existían comunidades autónomas que establecían colegiación obligatoria y otras que no, como es el caso de la Ingeniería Técnica en Informática, con colegiación obligatoria únicamente en Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Galicia.

Pues bien, desde CPITIA se preguntó al Gobierno si había cumplido la disposición transitoria cuarta remitiendo el proyecto de ley que determinaba las profesiones con colegiación obligatoria y, en caso contrario, indicara si se estaba elaborando dicha norma y el plazo en el que tenían prevista su remisión a las Cortes Generales.

En respuesta, el Director General de Universidades, D. José Manuel Pingarrón Cazarrón, indicó que el Gobierno remitió dicho proyecto de Ley en 2014, siendo rechazado por el Congreso. Con ello, decía, el Gobierno había cumplido el precepto legal remitiendo el Proyecto de Ley, no estando obligado a nada más, por lo que no tiene previsto elaborar ninguna norma en ese sentido.

El Congreso desmiente al Gobierno: nunca registró Proyecto de Ley de Servicios y Colegios

Dado que D. José Manuel Pingarrón es ya viejo conocido de esta Corporación, desde CPITIA se procedió a contrastar dicha declaración con el Congreso de los Diputados, remitiendo la siguiente solicitud de información, nº 44/2022:

«El Anteproyecto de Ley de Servicios y y Colegios Profesionales fue aprobado en Consejo de Ministros de 02/08/2013 y remitido a las Cortes Generales según figura en la web de la Moncloa. Sin embargo, en los registros del Congreso de los Diputados no figura si dicha norma fue debatida, ni tan siquiera el resultado de la votación, sin que tengamos constancia de qué pasó con dicho proyecto normativo tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, dado que no figura en la Web del Congreso como Proyecto de Ley tramitado durante la X legislatura. Por ello se les solicita:

  • Acceso al documento del Proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y a la fecha en la que se registró en las Cortes Generales.
  • Acceso al expediente de su tramitación parlamentaria, dado que no hemos podido encontrarlo en la web del Congreso de los Diputados, como para otros tantos Proyectos de Ley tramitados durante la X legislatura»

Pues bien, la Secretaría General del Congreso informó escuetamente lo siguiente:

«Le comunico que la iniciativa sobre la que solicita información nunca fue registrada en el Congreso de los Diputados»

Así pues, no sólo el Gobierno está mintiendo sino que está incumpliendo, por inactividad, la Directiva Europea de Servicios, estando todavía sin adaptar el ámbito de las profesiones colegiadas 13 años después de la trasposición de la norma al ordenamiento jurídico español, pese a que el plazo era de 12 meses.

Valoración del CPITIA

«El Gobierno está mintiendo una y otra vez, además por escrito, a buena parte de lo que desde CPITIA se le viene solicitando en el marco de la investigación abierta en esta Corporación sobre el proceso de colegiación y sobre la actualización y revisión del listado de profesiones reguladas. Es inaudito el desparpajo con el que mienten a la ciudadanía y muy especialmente a los profesionales de la ingeniería técnica informática.» – indica Pedro De La Torre, Decano del CPITIA.

«Igualmente inaudito resulta que, en pleno año 2022, el propio Gobierno, a través del Ministerio de Economía, declare por escrito que actualmente desconoce qué profesiones requieren de colegiación obligatoria para su ejercicio en España. Igualmente, al preguntárseles por el plazo para acometer de una vez la revisión y actualización del listado de profesiones reguladas para reconocimiento de cualificaciones con otros Estados Miembro, indiquen que los trabajos técnicos están en curso. Su deber era revisarlo y actualizarlo cada dos años, y dicha tarea no se ha vuelto a acometer desde 2008. Es inaudito» – señala De La Torre.

«Desde CPITIA la investigación está todavía abierta, al objeto no sólo de que el Gobierno cumpla sus obligaciones legales de una vez por todas sin más excusas ni demoras, sino también para depurar responsabilidades, con nombres y apellidos. La inseguridad jurídica creada a los profesionales de la ingeniería técnica en informática durante los últimos 13 años no es de recibo ni debe salirle gratis a los responsables de esta situación. Están apareciendo documentos muy reveladores.» – concluye De La Torre.